El Programa de Trabajo Garantizado de la Candidatura de Málaga para la Gente: Una apuesta por la innovación social en las políticas públicas

Trabajo_Garantizado

El trabajo garantizado es una propuesta de política económica con una sólida garantía jurídica ya que el Derecho al Trabajo viene recogido explícitamente en el artículo 35.1 de la Constitución  por lo que obliga al Estado a garantizar este derecho a todos los españoles y españolas.

Pero a diferencia de otras propuestas económicas de corte neoliberal, orientadas a dar casi todo  el protagonismo de la gestión de las políticas de empleo al sector privado, con el mercado como regulador de las relaciones laborales, el trabajo garantizado otorga un papel al sector público en la creación de empleos allí donde las demandas sociales y ambientales tampoco  están suficientemente cubiertas por el sector privado. Las razones de este “déficit de atención” hacia estas demandas se encuentran principalmente en la falta de voluntad política de los gobiernos competentes o  en  la  “insuficiente” rentabilidad económica que ve el sector privado para invertir en ellas.

Estas necesidades se enmarcan dentro de lo que conocemos como  Economía de los Cuidados, es decir, con todas aquellas actividades relacionadas con la atención al bienestar de las personas, con la protección de la cultura y el patrimonio histórico y, muy especialmente, con las que cuidan del planeta.

Gran parte de las mismas son atendidas gracias al trabajo de las mujeres en el ámbito familiar y por el voluntariado de la comunidad pero sin el reconocimiento económico que supone su aportación al crecimiento y la estabilidad económica y social del país.

¿En qué consiste la Política de Trabajo Garantizado?

Es un programa universal gracias al cual, el Gobierno de la nación en colaboración con los Ayuntamientos, ofrece un empleo a cualquier persona que esté preparada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo o edad.

Su objetivo es crear empleo directo ya que parte de una premisa: que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo, pregunten, si no, a las personas cuidadoras.

Contempla tres tipos de retribuciones fijas, no negociables, que dignificarían los salarios en el ya  “precarizado” mercado laboral, que van desde los 1.200 brutos mensuales para las personas cualificadas hasta los algo más de 800 euros para las personas sin cualificación. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad y por enfermedad.

De esta forma la retribución salarial del empleo garantizado se convierte en una alternativa más eficiente económica y socialmente a cualquier forma de prestación asistencial reduciendo las aportaciones presupuestarias al respecto.

Es más eficiente y viable, también, que otras medidas de fomento de políticas de empleo locales, ya que el Trabajo Garantizado evita intermediarios y  gracias a ello, sobrecostes y la creación de redes clientelares

¿Cuál es el papel de los ayuntamientos en su aplicación?

La gestión y aplicación de los programas de Trabajo Garantizado corresponde a las administraciones públicas locales. Para llevarlos a cabo  deben contar con una red de organizaciones/entidades públicas privadas socialmente responsables, de fuerte arraigo en la comunidad. En cualquier caso el Ayuntamiento  debe garantizar a toda la ciudadanía el derecho a proponer y decidir sobre el diseño concreto de los programas de empleo en su distrito o comunidad, programas que atenderían necesidades, insistimos, no cubiertas.

¿Cuál son las ventajas del  Programas de Trabajo Garantizado sobre otros programas de empleo y desarrollo local?

Los Programas locales de Trabajo Garantizado no crean distorsiones en las dinámicas de la economía local. Ni tampoco convierten el empleo en un recurso asistencial y puntual que termina dejando, de nuevo, a la persona beneficiaria a su suerte en el mercado.  Al contrario, se integran dentro de las mismas contribuyendo a la creación de riqueza y empleo con ventajas sobre las políticas tradicionales de desarrollo local, ya que:

  • Promueven la actividad en sectores de la economía local donde más trabajo hay y sin embargo donde menos empleo decente y suficiente se crea. Hablamos de la Economía de los cuidados, del cuidado del planeta y del cuidado de las personas, y de la cultura, entre otros.
  • Aumentan el nivel de cualificación de las población activa ya que las personas con derecho a EG estarían en mejores condiciones de obtener un certificado de profesionalidad lo que las acredita para moverse decentemente en el mercado de trabajo. Esto es especialmente importante para Málaga donde el 70% de la población solo tiene estudios primarios o secundarios finalizados.
  • Fomentan la innovación y el emprendimiento social: el Trabajo Garantizado no compite con el sector público ni con el privado ya que llega allí donde no éstos no llegan por lo que estimula las iniciativas socialmente emprendedoras que nacen de la comunidad.

Desde Málaga para la Gente queremos impulsar un Programa Local de Trabajo Garantizado que actúe como estímulo sobre el conjunto de las políticas de desarrollo local con una clara orientación hacia las personas, hacia sus derechos y hacia la satisfacción de sus necesidades.

Creemos que como propuesta económica, el Trabajo Garantizado sitúa la rentabilidad social y ambiental al mismo nivel que la rentabilidad económica y que puede frenar la extensión de los criterios neoliberales basados en el pensamiento único de la “rentabilidad del mercado” que mueven las actuales políticas de desarrollo local. Son estos criterios los que están dibujando el panorama de presente y de futuro nada alentador para el empleo en la ciudad de Málaga, donde el paro empieza  a ser crónico para las personas mayores de 40 años, donde  desde el Ayuntamiento se alienta a la precariedad en la contratación -recordemos  los contratos a 3.95 euros/hora  de los vigilantes de los Museos, Ruso y Pompidou, o donde las organizaciones empresariales reconocen su incapacidad para crear las  más de 15 mil empresas con una media de cuatro trabajadores/as que serían necesarias  para que el paro descendiese del 20% .

Por ello en nuestro voto del próximo 24 de mayo se encuentra una decisión mucho más trascendente que la de solo cambiar de color político el Ayuntamiento como es la de obligar, por Derecho, a que el Estado cuide de todos y todas y no solo del “mercado de unos pocos”.

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