Con los 400 € el Gobierno podría dar entrada al mercado de los famosos “minijobs” alemanes ¿Institucionalizar la precariedad?

See on Scoop.itActivos en las políticas de empleo

Leo en  “El Confidencial ” que  “Después de que Mariano Rajoy anunciara ayer una prórroga para la concesión de la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración, pronto surgieron las dudas sobre las remodelaciones que se aplicarán al Plan Prepara para que “funcione mejor de lo que ha funcionado”

Y además apunta a una información relevante:

“El presidente del Gobierno no quería ceder y prorrogar un subsidio que, en fuentes del Gobierno, no ha funcionado y no ha servido para “la reinserción laboral”. Sin embargo, la presión del PP y de la calle han acabado por torcer el brazo a Rajoy muy a última hora, tanto, que la decisión de comparecer ante la prensa tras ver al Rey en Marivent se anunciaba apenas unas horas antes del encuentro con el Monarca. ¿Y por dónde van las ideas del Ejecutivo para ‘mejorar’ el Plan Prepara? Sobre la mesa está una fórmula que deje atrás la figura del subsidio actual y se encamine hacia “un cierto trabajo” a cambio. Es decir, que parezca más un ‘mini job’ cercano al modelo alemán por el que, curiosamente, se pagan en torno a los 400 euros.”

Lo que significa que con los 400 € el Gobierno podría dar entrada al mercado de los famosos “minijobs” alemanes.

¿Podría llamarse ésto Inserción laboral via trabajo precario? ¿ O sería otro PER, ese que tanto critican nacionalistas catalanes?

Los parados del “Prepara” son el 3,1% de los desempleados a nivel del estado,es decir poco más de 500.000 en todo el país.De ellos el 70% solo tiene estudios básicos, es decir son altamente inempleables.

Me pregunto ¿cuánto tiempo necesitan para alcanzar competencias que les permitan desenvolverse en el mercado de trabajo?¿ No sería mejor garantizarles renta básica y formarlos adecuadamente permitiéndoles compatibilizar esta renta con itinerarios de inserción que les provean de la formación que necesitan,por ejemplo, mediante prácticas remuneradas en empleos dignos hasta alcanzar un nivel aceptable de cualificación? ¿Y crear para ellos empresas de inserción o empresas sociales, sostenibles económicamente?

Creo que en este contexto de crisis y fractura del mercado laboral deberían valorarse las alternativas al Prepara diferentes a la del “minijob” porque podríamos acabar no con el desempleo sino  por terminar  “institucionalizando” la precariedad.

http://www.scoop.it/t/activos-en-las-politicas-de-empleo/p/2411602602/con-los-400-el-gobierno-podria-dar-entrada-al-mercado-de-los-famosos-minijobs-alemanes

See on www.elconfidencial.com

Anuncios

Los recortes en las políticas activas de empleo:¿Alguien teme al parado?

El Gobierno ha anunciado un recorte de más de 1.500 millones de euros en las políticas activas de empleo. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, anunció que los recortes afectarían a aquellos programas de formación y empleo y a las bonificaciones para la contratación que, a pesar de su “buen nombre”, han resultado ineficaces.

La importancia que un Gobierno da a un problema social y, con ello, a los instrumentos para su Gobernanza, se manifiesta en el presupuesto que destina a su solución.

En el caso de las políticas activas de empleo, el Gobierno ha comunicado a los más de cinco millones de desempleados que, como algunos de los programas destinados a su inserción laboral no funcionan, éstos no se van a reorientar sino que directamente serán eliminados para ahorrar costes y así cumplir con los objetivos del déficit.

Toda una declaración de lo que este Gobierno entiende por política, y, más concretamente, por política activa de empleo. Y de que, en realidad, donde tiene puesto el foco de atención es en el despido y no en el empleo.

Si la reforma laboral ha sacado a la calle a miles de empleados preocupados por sus puestos de trabajo, este “puyazo” a las políticas de empleo debería sacudir a los cinco millones de desempleados de este país que, abnegados, copan los servicios públicos de empleo de cualquier ciudad española.

Desde hace años vengo defendiendo la necesaria reorientación de algunos programas de empleo cuyo impacto inicial en la mejora de la capacitación profesional de sus beneficiarios no se traduce en incrementos de la inserción laboral. Por ejemplo, los talleres de empleo o las escuelas taller tendrían que haber transitado ya hacia formas más innovadoras para la inserción laboral como las “empresas sociales” o las “empresas de inserción”.

Muchos/as técnicos/as de empleo han compartido conmigo su preocupación por el hecho de que algunos programas de formación para el empleo incitan a lo que los operadores de servicios públicos llaman “clientelismo en la atención”, especialmente en el medio rural. Estos programas crean circuitos de dependencia en torno a ellos mismos y ocasionan brechas salariales en el mercado laboral en el que inciden (en ocasiones generan agravios entre municipios cercanos entre si).

Las cuantías de las becas por formación o adquisición de experiencia profesional (que van desde los 900€ para el participante en un taller de empleo hasta los 1.698 € de un programa IGS) tienen mayor impacto en la redistribución de la riqueza que en la inserción laboral que es su verdadero propósito. Son becas que superan los salarios del sector privado por el mismo trabajo que desarrollan los participantes de estos programas. Una vez finalizados, muchos de estos participantes enfrentan la realidad de no encontrar empleo en aquello para lo que se han formado y/o de recibir salarios muy por debajo de la beca que recibían, lo que refuerza actitudes clientelistas condicionadas por sus bajas expectativas sobre el mercado laboral. Lógicamente, para que la coherencia entre estos programas y la realidad del mercado sea posible hay que empezar subiendo el salario mínimo interprofesional.

Con todo no se puede dejar de reconocer el favorable impacto de estos programas, por ejemplo, en el mantenimiento de algunos servicios públicos municipales y en su contribución en la adquisición de competencias básicas para el empleo de muchas personas desempleadas que, de otra forma, no hubieran tenido una oportunidad para ello.

Una evaluación consecuente con el escenario actual de desempleo en este país puede reorientar los programas de formación y empleo hacia iniciativas de innovación social que provean de dichos servicios, y en las que la economía social y las ONG, en particular, pueden desempeñar un importante papel de transformación económica y social.

Pero cuando un Gobierno como el de España elimina del presupuesto las partidas destinadas a programas que afectan a una mayoría social castigada por la crisis, como son los millones de personas desempleadas, no solo priva a la sociedad de la oportunidad de innovar – y con ello de mejorar y progresar – sino que derrumba a sus afectados ante la imagen desenfocada de su misma esperanza.

PD. La Vanguardia amplia hoy, 1 de Abril,  la información : Sindicatos y patronal tendrán 1.000 millones menos para la formación.Montoro reduce drásticamente la financiación de los agentes sociales | CC.OO. y UGT creen que Rajoy trata de disolver el poder sindical en España

PD 2. En, El Economista, la CEOE reconoce,indirectamente,que todavía no saben cómo van a gestionar la Formación Profesional

Más RSE es Más Negociación Colectiva, más igualdad

La Responsabilidad Social de las empresas (RSE) es un paradigma de competitividad  empresarial que busca la creación de valor sostenible para las personas y el planeta. Por lo tanto, supone la integración de compromisos mesurables para evitar que las acciones de la empresa tengan un impacto negativo en la sociedad y su entorno.

Desde la publicación del “Libro Verde para la RSE” en 2001 por la Comisión europea, los estados miembros de la UE han realizado avances con mayor o menor acierto en la promoción de este concepto. España también ha aportado iniciativas al respecto, algunas de gran calado institucional como ha sido la constitución del Consejo Estatal de la RSE y otras de relativa trascendencia política y económica, como ha sido su incorporación como línea de actuación a desarrollar en el marco del Diálogo Social.

Sin embargo, la trasferencia de lo que en principio son compromisos voluntarios en RSE a la negociación colectiva y, por tanto, su transformación en compromisos de obligado cumplimiento legal, sigue siendo un proceso difuminado por las complejas relaciones de nuestro mercado laboral, hoy fuertemente sacudido por la crisis y por el escepticismo de una parte de la ciudadanía, el optimismo de los empresarios y el pesimismo de los sindicatos ante la reciente reforma laboral.

La reforma ha provocado además un debate peligroso para éste ya peligroso escenario de crisis económica en el que nos encontramos, con el que se pretende cuestionar la representatividad legítima de los sindicatos como necesarios interlocutores y negociadores de las relaciones laborales. Un debate útil para aquellos que relegan el problema de la competitividad española a los costes de producción, energéticos y salariales, pero de riesgo para un país como el nuestro que así parece avanzar en la Estrategia 2020 europea hacia estándares de modelos productivos y sociales más propios de China que de Noruega o Suecia.

Con todo, una empresa socialmente responsable mantendrá, por principio, el  diálogo con sus trabajadores/as, básicamente porque querrá mantener un clima laboral favorable que repercuta en la productividad de sus empleados y empleadas para mejorar así su competitividad. Se supone que evitará eso que el Nobel de Economía Gary Becker denominaba “Gusto por la Discriminación” con el fin de retener el talento, de contar con los y las mejores y de proveerles de la formación necesaria para mantener indicadores altos de innovación.

Desgraciadamente todavía seguimos esperando a que esta lógica empresarial rompa con los estereotipos culturales sobre los roles de género y fomente la incorporación y promoción de las mujeres en la empresa.

Las mujeres, que entre otros records ostentamos el de ser más del 50% del total de  egresados universitarios en España, no podemos seguir soportando brechas salariales de entre el 15 y el 20% en nuestro país. No solo no es competitivo ni  serio, sino que por encima de todo no es justo.

La RSE puede fortalecer la negociación colectiva siempre que los compromisos voluntarios se transformen en derechos exigibles, aunque la norma, por si misma, tampoco acabe con las discriminaciones en materia de Igualdad. Por ejemplo, en el ámbito de la conciliación familiar y laboral, y a pesar de los avances legislativos en España, sigue siendo necesario fomentar entre el personal masculino el uso de los permisos por cuidados, que mayoritariamente siguen siendo solicitados por mujeres.

La tendencia por la racionalización de los horarios laborales hacia estándares Europeos, donde el sector público puede ejercer un papel protagónico para su implementación, es otro ámbito donde los sindicatos, vía negociación colectiva, pueden aportar propuestas viables para conciliar las necesidades ciudadanas y  empresariales con los derechos consolidados del funcionariado.

Para solucionar éste y otros problemas sociales  las empresas no pueden permitirse desperdiciar  el conocimiento y la experiencia sindical en materia de relaciones y diálogo laboral.

El reto de los sindicatos para asentar su contribución a la mejora de la competitividad de nuestro país es seguir demostrando que son agentes insustituibles en cualquier proceso de innovación abierta donde el diálogo es eje vertebrador de una mejora en los procesos productivos y de gestión. Innovaciones  encaminadas obviamente a la mejora económica pero que, desde el enfoque RSE, necesariamente tienen que contribuir a una mejora de la igualdad y repercutir en una distribución justa de responsabilidades y retribuciones en la sociedad.

Sin duda un reto compartido como todo acto de Responsabilidad Social.

Ana Gómez Narváez

Es Economista y  Directora de ADRO–Asociación para la Dirección Responsable de las Organizaciones.

 

 

Peor sanidad,despidos a tutti plen y un desempleo que obliga a revisar las pensiones ¿quién llegará a los 67?

Via Scoop.itInnovacion y Responsabilidad Social

Si @el_pais nos despertaba hoy con los cruentos datos sobre los recortes en sanidad cuyo gasto por habitante disminuye en un 10,4%, @lavanguardia se hace de eco de las voces que reclaman una revisión urgente de las pensiones tras la caída de cotizantes al sistema.

En este marco de inseguridad, de inestabilidad sobre el presente y el futuro laboral y postlaboral,me pregunto si llegaremos a ser más productivos y, por lo tanto más competitivos para nuestra empresa y nuestro país o por el contrario corremos el riesgo de convertirnos en un país de enfermos e insolidarios.

La sociedad española al igual que el resto de sus homólogas en Portugal y Grecia parece abocada a un canibalismo de supervivencia social.

Pero no teman.

Nuestro caso da garantías a “los mercados” por activarse gracias a un mecanismo controlado por un gobierno de mayorías absolutas y por una sociedad que se debate entre el miedo y la perplejidad.