La puesta en marcha de las ayudas de 420 euros que el Gobierno ha destinado para desempleados que en este mes hayan agotado su prestación—amén de otros requisitos—seguramente ha traído cierto respiro a muchas familias españolas. Entre ellas las de los 14 mil malagueños que pueden beneficiarse de esta medida que el Gobierno estudia ahora ampliar para el resto de los desempleados en similares circunstancias.
Sin embargo la noticia parece haber despertado cierto nerviosismo en el seno del partido popular a juzgar por las declaraciones de sus dirigentes, que han acusado al Presidente Zapatero de engañar a los parados con dichas ayudas en lugar de acometer reformas estructurales en la economía y en el mercado de trabajo (nunca dicen cuáles) que les pudieran garantizar un empleo.
Puede ser que una ayuda de 420 euros, limitada en importe y tiempo pero—y esto es muy positivo—condicionada a la búsqueda activa de empleo, no cambie sustancialmente el escenario social de todas las familias beneficiarias. Pero no por ello se ha de caer en la demagogia al relacionar el alcance de esta ayuda con cambios estructurales en el mercado de trabajo o en la economía en general, porque sus objetivos son otros.Creo que es preciso recordar que los mismos economistas que promueven la urgente reforma del mercado laboral recomendaban en el manifiesto que dieron a conocer en Abril de este año que el gobierno debía alargar la cobertura social a los parados mientras durase la crisis.
Lo que pretende una decisión gubernamental como la de ayudar con 420 euros a desempleados es activar mecanismos para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de personas que podrían entrar en riesgo de exclusión social. Y esto en democracia se llama Justicia.
Sin duda los trabajadores han sido las víctimas más desfavorecidas de esta crisis. Los mismos que, gracias a sus rentas, sus hipotecas y créditos al consumo, permitieron la financiarización de un sistema bancario para el que la industria y otros sectores productivos y generadores de riqueza habían dejado de ser atractivos y en cuyas prácticas de gestión encontramos los orígenes de la crisis.
Hemos observado cómo desde el inicio de la crisis en el mundo y en España el protagonismo de los trabajadores ha ido aumentando a medida que el paro avanzaba en alarmante escalada. Primero fueron los ejecutivos de Wall Street, los miles de trabajadores del sector financiero que perdieron sus empleos. Luego el drama de los empleados del sector automovilístico que vieron cómo los gigantes de la industria quebraban y con ellos el futuro de su comunidad. En España, comprobamos como al aumento del paro procedente de la construcción se suma el drama de la destrucción del empleo autónomo. Por eso los planes de rescate aprobados por los Gobiernos no se hicieron esperar: el rescate al sector financiero, al sector de la construcción aumentado la participación de la Obra Pública (como el Plan E) y las ayudas al sector automovilístico, entre otros. Estamos comprobando como poco a poco, estos planes están contribuyendo a contener la sangría social que la crisis viene provocando y a la recuperación de algunas economías europeas como la alemana y la francesa. Entonces ¿por qué se empeñan los populares en atacar lo que podría considerarse un “plan de rescate” para las personas, unas ayudas que, por justicia, tratan de aliviar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los desempleados en España?
El articulista y escritor español Vázquez Montalbán decía que era recurrente en los ataques de los liberales acusar a los progresistas de “exceso de utopía” en sus políticas y que eso les incapacitaba para Gobernar la realidad. No es el caso del Gobierno de Zapatero que apuesta por enfrentar el problema del paro desde la situación real de injusticia y exclusión de los afectados En cambio la derecha de este país sigue empeñada en rebatir las medidas sociales del Gobierno con argumentos que ni siquiera adolecen del beneficio de la utopía porque lo único que pretenden es jugar con las expectativas de las personas.
El Gobierno no puede, por responsabilidad, olvidar que los trabajadores, los desempleados y sus familias, son víctimas de esta situación de crisis y las víctimas no pueden ser el eje de las reformas estructurales de la economía sino los principales beneficiados de las mismas, tal y como afirmaban 500 economistas españoles en el manifiesto que presentaron el pasado mes de junio.
Un partido político puede rodearse de una corte de economistas capaces de exponer más de 420 razones a favor o en contra de una medida gubernamental apoyados en estadísticas y modelos, aunque sean conscientes de que por sí solos no explican todas las realidades ni aportan soluciones definitivas. Pero, si de lo que estamos hablando es de influir en las realidades, en las experiencias de vida concretas que derivan de las dinámicas del mercado libre (¡oh libre mercado!) y viceversa, entonces hablamos de decidir y decidir es gobernar. Por eso, mientras la derecha sigue en su limbo y centra sus esfuerzos en pensar cómo cómo contrarrestar la popularidad de una necesaria ayuda a los parados decretada por el Gobierno, éste, afortunadamente, sigue gobernando.
Estado de la Cuestión 