Si Keynes levantara la cabeza…no volvería a descansar. La insoportable cultura del “sobretrabajo”.

Keynes vaticinaba en los años 30 que, salvo errores desastrosos de los Gobiernos basados en políticas de austeridad en contextos de crisis, en 2030, estaríamos trabajando unas 15 horas a la semana. Con esta premisa comienza este artículo publicado en The Guardian “The solution to (nearly) everything: working less”  de Rutger Bregman donde trata de explicar por qué la cultura laboral de “horas interminables e improductivas” es claramente insana. Se sabe que ingenieros o médicos sometidos a la presión de las horas extraordinarias pierden pericia en su actividad lo que puede arrojar riesgos irreversibles; que más horas de trabajo significan más consumo energético y más daño para el planeta. También que la acumulación de jornadas de trabajo no favorece ni  la igualdad de género (más trabajo para las mujeres en casa) ni igualdad intergeneracional, principalmente , en contextos económicos de alto desempleo ya que cada vez son más los trabajadores que retrasan su jubilación limitando así las oportunidades para los jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Bregman nos recuerdakeynes que aquellos  países con  más desigualdad en la distribución de su riqueza son los que  tienen semanas más largas de trabajo. Pero también apunta a otra llamativa relación directa: en países desarrollados con semanas más largas de trabajo (tipo EE UU, Japón o Reino Unido)  se consume además más TV basura . ¿Significaría ésto que tener un trabajo “basura ” da lugar a una preferencia por el ocio “basura” ? Sin duda este es otro debate interesante. Hoy por hoy trabajar  sigue siendo un anhelo insatisfecho, frustrante, para millones de personas lo mismo que el trabajo también es motivo de  infelicidad para otros tantos millones de los que trabajan, como demuestran los datos relativos al  gran número de bajas laborales por trastornos mentales que se dan en los países desarrollados.La infelicidad, como dice William Davies, es una externalidad negativa al mismo modelo capitalista de la que, por otro lado, depende completamente.  No es de extrañar, por tanto, que la sobreocupación y la presión  sean considerados por el modelo, y aceptadas por la sociedad, como signos de identidad de éxito laboral y progreso en la vida.El asunto es precisamente de qué vida estamos hablando. ¿De la que queremos o de la que quieren para nosotros? Parafraseando otros argumentos de  Davies diría que reducir las semanas de trabajo, es decir, transitar hacia un modelo económico y social basado en la cultura de “trabajar menos” debería considerarse como un paradigma de bienestar  “ético y teleológico” donde todos los recursos estén a disposición de alcanzar una “vida plena” en la que es posible un equilibrio, real y realista, entre vida y trabajo, entre cuerpo y mente (productividad y salud) donde se está lo más libre posible de la basura mental  del ocio consumista y de toda la basura que, en general,impacta negativamente sobre el planeta. Esto no se alcanza solo con más psicología industrial u organizacional aplicada ni esperando los limitados resultados del coaching o del mindfullness y otras técnicas similares ahora tan vigentes.Se necesita fundamentalmente  de  la política y su consenso, de la economía y un nuevo modelo.

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El Programa de Trabajo Garantizado de la Candidatura de Málaga para la Gente: Una apuesta por la innovación social en las políticas públicas

Trabajo_Garantizado

El trabajo garantizado es una propuesta de política económica con una sólida garantía jurídica ya que el Derecho al Trabajo viene recogido explícitamente en el artículo 35.1 de la Constitución  por lo que obliga al Estado a garantizar este derecho a todos los españoles y españolas.

Pero a diferencia de otras propuestas económicas de corte neoliberal, orientadas a dar casi todo  el protagonismo de la gestión de las políticas de empleo al sector privado, con el mercado como regulador de las relaciones laborales, el trabajo garantizado otorga un papel al sector público en la creación de empleos allí donde las demandas sociales y ambientales tampoco  están suficientemente cubiertas por el sector privado. Las razones de este “déficit de atención” hacia estas demandas se encuentran principalmente en la falta de voluntad política de los gobiernos competentes o  en  la  “insuficiente” rentabilidad económica que ve el sector privado para invertir en ellas.

Estas necesidades se enmarcan dentro de lo que conocemos como  Economía de los Cuidados, es decir, con todas aquellas actividades relacionadas con la atención al bienestar de las personas, con la protección de la cultura y el patrimonio histórico y, muy especialmente, con las que cuidan del planeta.

Gran parte de las mismas son atendidas gracias al trabajo de las mujeres en el ámbito familiar y por el voluntariado de la comunidad pero sin el reconocimiento económico que supone su aportación al crecimiento y la estabilidad económica y social del país.

¿En qué consiste la Política de Trabajo Garantizado?

Es un programa universal gracias al cual, el Gobierno de la nación en colaboración con los Ayuntamientos, ofrece un empleo a cualquier persona que esté preparada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo o edad.

Su objetivo es crear empleo directo ya que parte de una premisa: que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo, pregunten, si no, a las personas cuidadoras.

Contempla tres tipos de retribuciones fijas, no negociables, que dignificarían los salarios en el ya  “precarizado” mercado laboral, que van desde los 1.200 brutos mensuales para las personas cualificadas hasta los algo más de 800 euros para las personas sin cualificación. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad y por enfermedad.

De esta forma la retribución salarial del empleo garantizado se convierte en una alternativa más eficiente económica y socialmente a cualquier forma de prestación asistencial reduciendo las aportaciones presupuestarias al respecto.

Es más eficiente y viable, también, que otras medidas de fomento de políticas de empleo locales, ya que el Trabajo Garantizado evita intermediarios y  gracias a ello, sobrecostes y la creación de redes clientelares

¿Cuál es el papel de los ayuntamientos en su aplicación?

La gestión y aplicación de los programas de Trabajo Garantizado corresponde a las administraciones públicas locales. Para llevarlos a cabo  deben contar con una red de organizaciones/entidades públicas privadas socialmente responsables, de fuerte arraigo en la comunidad. En cualquier caso el Ayuntamiento  debe garantizar a toda la ciudadanía el derecho a proponer y decidir sobre el diseño concreto de los programas de empleo en su distrito o comunidad, programas que atenderían necesidades, insistimos, no cubiertas.

¿Cuál son las ventajas del  Programas de Trabajo Garantizado sobre otros programas de empleo y desarrollo local?

Los Programas locales de Trabajo Garantizado no crean distorsiones en las dinámicas de la economía local. Ni tampoco convierten el empleo en un recurso asistencial y puntual que termina dejando, de nuevo, a la persona beneficiaria a su suerte en el mercado.  Al contrario, se integran dentro de las mismas contribuyendo a la creación de riqueza y empleo con ventajas sobre las políticas tradicionales de desarrollo local, ya que:

  • Promueven la actividad en sectores de la economía local donde más trabajo hay y sin embargo donde menos empleo decente y suficiente se crea. Hablamos de la Economía de los cuidados, del cuidado del planeta y del cuidado de las personas, y de la cultura, entre otros.
  • Aumentan el nivel de cualificación de las población activa ya que las personas con derecho a EG estarían en mejores condiciones de obtener un certificado de profesionalidad lo que las acredita para moverse decentemente en el mercado de trabajo. Esto es especialmente importante para Málaga donde el 70% de la población solo tiene estudios primarios o secundarios finalizados.
  • Fomentan la innovación y el emprendimiento social: el Trabajo Garantizado no compite con el sector público ni con el privado ya que llega allí donde no éstos no llegan por lo que estimula las iniciativas socialmente emprendedoras que nacen de la comunidad.

Desde Málaga para la Gente queremos impulsar un Programa Local de Trabajo Garantizado que actúe como estímulo sobre el conjunto de las políticas de desarrollo local con una clara orientación hacia las personas, hacia sus derechos y hacia la satisfacción de sus necesidades.

Creemos que como propuesta económica, el Trabajo Garantizado sitúa la rentabilidad social y ambiental al mismo nivel que la rentabilidad económica y que puede frenar la extensión de los criterios neoliberales basados en el pensamiento único de la “rentabilidad del mercado” que mueven las actuales políticas de desarrollo local. Son estos criterios los que están dibujando el panorama de presente y de futuro nada alentador para el empleo en la ciudad de Málaga, donde el paro empieza  a ser crónico para las personas mayores de 40 años, donde  desde el Ayuntamiento se alienta a la precariedad en la contratación -recordemos  los contratos a 3.95 euros/hora  de los vigilantes de los Museos, Ruso y Pompidou, o donde las organizaciones empresariales reconocen su incapacidad para crear las  más de 15 mil empresas con una media de cuatro trabajadores/as que serían necesarias  para que el paro descendiese del 20% .

Por ello en nuestro voto del próximo 24 de mayo se encuentra una decisión mucho más trascendente que la de solo cambiar de color político el Ayuntamiento como es la de obligar, por Derecho, a que el Estado cuide de todos y todas y no solo del “mercado de unos pocos”.

Los recortes en las políticas activas de empleo:¿Alguien teme al parado?

El Gobierno ha anunciado un recorte de más de 1.500 millones de euros en las políticas activas de empleo. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, anunció que los recortes afectarían a aquellos programas de formación y empleo y a las bonificaciones para la contratación que, a pesar de su “buen nombre”, han resultado ineficaces.

La importancia que un Gobierno da a un problema social y, con ello, a los instrumentos para su Gobernanza, se manifiesta en el presupuesto que destina a su solución.

En el caso de las políticas activas de empleo, el Gobierno ha comunicado a los más de cinco millones de desempleados que, como algunos de los programas destinados a su inserción laboral no funcionan, éstos no se van a reorientar sino que directamente serán eliminados para ahorrar costes y así cumplir con los objetivos del déficit.

Toda una declaración de lo que este Gobierno entiende por política, y, más concretamente, por política activa de empleo. Y de que, en realidad, donde tiene puesto el foco de atención es en el despido y no en el empleo.

Si la reforma laboral ha sacado a la calle a miles de empleados preocupados por sus puestos de trabajo, este “puyazo” a las políticas de empleo debería sacudir a los cinco millones de desempleados de este país que, abnegados, copan los servicios públicos de empleo de cualquier ciudad española.

Desde hace años vengo defendiendo la necesaria reorientación de algunos programas de empleo cuyo impacto inicial en la mejora de la capacitación profesional de sus beneficiarios no se traduce en incrementos de la inserción laboral. Por ejemplo, los talleres de empleo o las escuelas taller tendrían que haber transitado ya hacia formas más innovadoras para la inserción laboral como las “empresas sociales” o las “empresas de inserción”.

Muchos/as técnicos/as de empleo han compartido conmigo su preocupación por el hecho de que algunos programas de formación para el empleo incitan a lo que los operadores de servicios públicos llaman “clientelismo en la atención”, especialmente en el medio rural. Estos programas crean circuitos de dependencia en torno a ellos mismos y ocasionan brechas salariales en el mercado laboral en el que inciden (en ocasiones generan agravios entre municipios cercanos entre si).

Las cuantías de las becas por formación o adquisición de experiencia profesional (que van desde los 900€ para el participante en un taller de empleo hasta los 1.698 € de un programa IGS) tienen mayor impacto en la redistribución de la riqueza que en la inserción laboral que es su verdadero propósito. Son becas que superan los salarios del sector privado por el mismo trabajo que desarrollan los participantes de estos programas. Una vez finalizados, muchos de estos participantes enfrentan la realidad de no encontrar empleo en aquello para lo que se han formado y/o de recibir salarios muy por debajo de la beca que recibían, lo que refuerza actitudes clientelistas condicionadas por sus bajas expectativas sobre el mercado laboral. Lógicamente, para que la coherencia entre estos programas y la realidad del mercado sea posible hay que empezar subiendo el salario mínimo interprofesional.

Con todo no se puede dejar de reconocer el favorable impacto de estos programas, por ejemplo, en el mantenimiento de algunos servicios públicos municipales y en su contribución en la adquisición de competencias básicas para el empleo de muchas personas desempleadas que, de otra forma, no hubieran tenido una oportunidad para ello.

Una evaluación consecuente con el escenario actual de desempleo en este país puede reorientar los programas de formación y empleo hacia iniciativas de innovación social que provean de dichos servicios, y en las que la economía social y las ONG, en particular, pueden desempeñar un importante papel de transformación económica y social.

Pero cuando un Gobierno como el de España elimina del presupuesto las partidas destinadas a programas que afectan a una mayoría social castigada por la crisis, como son los millones de personas desempleadas, no solo priva a la sociedad de la oportunidad de innovar – y con ello de mejorar y progresar – sino que derrumba a sus afectados ante la imagen desenfocada de su misma esperanza.

PD. La Vanguardia amplia hoy, 1 de Abril,  la información : Sindicatos y patronal tendrán 1.000 millones menos para la formación.Montoro reduce drásticamente la financiación de los agentes sociales | CC.OO. y UGT creen que Rajoy trata de disolver el poder sindical en España

PD 2. En, El Economista, la CEOE reconoce,indirectamente,que todavía no saben cómo van a gestionar la Formación Profesional