Un Curriculum, una historia.¿por qué contratar a “luchadores” y a “luchadoras”?.

¿por qué el mejor contrato puede que no se corresponda con el CV “perfecto”?  Regina Hartley trata de responder a esta pregunta en esta charla TED que seguro dará pistas importantes a los y las profesionales que trabajan en intermediación laboral,inclusión y diversidad.

Regina Hartley y otros/as colegas, también responsables de recursos humanos como ella, reconocen dos tipos de candidaturas en los procesos de selección: las de “cuchara de plata” y las de  “luchadores o luchadoras”. Las primeras pertenecen a aquellas personas con curriculums extraordinarios cuya vida fue determinada para el éxito gracias a sus condiciones de partida existenciales que le permitieron una buena educación, una buena red de contactos, en definitiva, que crecieron un entorno favorable para  su desarrollo personal y profesional.Las segundas corresponden a personas de extracción humilde y con curriculums aparentemente “desorientados” como resultado de una vida “difícil”. Partiendo de que ambas tienen el mismo nivel educativo requerido para un mismo puesto ¿a cuál contratarían y por qué? La Sra. Hartley tiene  argumentos, sociales, empresariales, económicos y vitales sobre los que apoyar la decisión de contratar al luchador o luchadora. Y todos son igualmente de rentables para la sociedad y para ti seas “cuchara de plata”  o luchadora resiliente. Un proceso de selección es una ventana desde la que asomarse a la vida. Porque detrás de cada CV hay una historia que es, de alguna manera, también la nuestra.

Si Keynes levantara la cabeza…no volvería a descansar. La insoportable cultura del “sobretrabajo”.

Keynes vaticinaba en los años 30 que, salvo errores desastrosos de los Gobiernos basados en políticas de austeridad en contextos de crisis, en 2030, estaríamos trabajando unas 15 horas a la semana. Con esta premisa comienza este artículo publicado en The Guardian “The solution to (nearly) everything: working less”  de Rutger Bregman donde trata de explicar por qué la cultura laboral de “horas interminables e improductivas” es claramente insana. Se sabe que ingenieros o médicos sometidos a la presión de las horas extraordinarias pierden pericia en su actividad lo que puede arrojar riesgos irreversibles; que más horas de trabajo significan más consumo energético y más daño para el planeta. También que la acumulación de jornadas de trabajo no favorece ni  la igualdad de género (más trabajo para las mujeres en casa) ni igualdad intergeneracional, principalmente , en contextos económicos de alto desempleo ya que cada vez son más los trabajadores que retrasan su jubilación limitando así las oportunidades para los jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Bregman nos recuerdakeynes que aquellos  países con  más desigualdad en la distribución de su riqueza son los que  tienen semanas más largas de trabajo. Pero también apunta a otra llamativa relación directa: en países desarrollados con semanas más largas de trabajo (tipo EE UU, Japón o Reino Unido)  se consume además más TV basura . ¿Significaría ésto que tener un trabajo “basura ” da lugar a una preferencia por el ocio “basura” ? Sin duda este es otro debate interesante. Hoy por hoy trabajar  sigue siendo un anhelo insatisfecho, frustrante, para millones de personas lo mismo que el trabajo también es motivo de  infelicidad para otros tantos millones de los que trabajan, como demuestran los datos relativos al  gran número de bajas laborales por trastornos mentales que se dan en los países desarrollados.La infelicidad, como dice William Davies, es una externalidad negativa al mismo modelo capitalista de la que, por otro lado, depende completamente.  No es de extrañar, por tanto, que la sobreocupación y la presión  sean considerados por el modelo, y aceptadas por la sociedad, como signos de identidad de éxito laboral y progreso en la vida.El asunto es precisamente de qué vida estamos hablando. ¿De la que queremos o de la que quieren para nosotros? Parafraseando otros argumentos de  Davies diría que reducir las semanas de trabajo, es decir, transitar hacia un modelo económico y social basado en la cultura de “trabajar menos” debería considerarse como un paradigma de bienestar  “ético y teleológico” donde todos los recursos estén a disposición de alcanzar una “vida plena” en la que es posible un equilibrio, real y realista, entre vida y trabajo, entre cuerpo y mente (productividad y salud) donde se está lo más libre posible de la basura mental  del ocio consumista y de toda la basura que, en general,impacta negativamente sobre el planeta. Esto no se alcanza solo con más psicología industrial u organizacional aplicada ni esperando los limitados resultados del coaching o del mindfullness y otras técnicas similares ahora tan vigentes.Se necesita fundamentalmente  de  la política y su consenso, de la economía y un nuevo modelo.

El Programa de Trabajo Garantizado de la Candidatura de Málaga para la Gente: Una apuesta por la innovación social en las políticas públicas

Trabajo_Garantizado

El trabajo garantizado es una propuesta de política económica con una sólida garantía jurídica ya que el Derecho al Trabajo viene recogido explícitamente en el artículo 35.1 de la Constitución  por lo que obliga al Estado a garantizar este derecho a todos los españoles y españolas.

Pero a diferencia de otras propuestas económicas de corte neoliberal, orientadas a dar casi todo  el protagonismo de la gestión de las políticas de empleo al sector privado, con el mercado como regulador de las relaciones laborales, el trabajo garantizado otorga un papel al sector público en la creación de empleos allí donde las demandas sociales y ambientales tampoco  están suficientemente cubiertas por el sector privado. Las razones de este “déficit de atención” hacia estas demandas se encuentran principalmente en la falta de voluntad política de los gobiernos competentes o  en  la  “insuficiente” rentabilidad económica que ve el sector privado para invertir en ellas.

Estas necesidades se enmarcan dentro de lo que conocemos como  Economía de los Cuidados, es decir, con todas aquellas actividades relacionadas con la atención al bienestar de las personas, con la protección de la cultura y el patrimonio histórico y, muy especialmente, con las que cuidan del planeta.

Gran parte de las mismas son atendidas gracias al trabajo de las mujeres en el ámbito familiar y por el voluntariado de la comunidad pero sin el reconocimiento económico que supone su aportación al crecimiento y la estabilidad económica y social del país.

¿En qué consiste la Política de Trabajo Garantizado?

Es un programa universal gracias al cual, el Gobierno de la nación en colaboración con los Ayuntamientos, ofrece un empleo a cualquier persona que esté preparada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo o edad.

Su objetivo es crear empleo directo ya que parte de una premisa: que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo, pregunten, si no, a las personas cuidadoras.

Contempla tres tipos de retribuciones fijas, no negociables, que dignificarían los salarios en el ya  “precarizado” mercado laboral, que van desde los 1.200 brutos mensuales para las personas cualificadas hasta los algo más de 800 euros para las personas sin cualificación. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad y por enfermedad.

De esta forma la retribución salarial del empleo garantizado se convierte en una alternativa más eficiente económica y socialmente a cualquier forma de prestación asistencial reduciendo las aportaciones presupuestarias al respecto.

Es más eficiente y viable, también, que otras medidas de fomento de políticas de empleo locales, ya que el Trabajo Garantizado evita intermediarios y  gracias a ello, sobrecostes y la creación de redes clientelares

¿Cuál es el papel de los ayuntamientos en su aplicación?

La gestión y aplicación de los programas de Trabajo Garantizado corresponde a las administraciones públicas locales. Para llevarlos a cabo  deben contar con una red de organizaciones/entidades públicas privadas socialmente responsables, de fuerte arraigo en la comunidad. En cualquier caso el Ayuntamiento  debe garantizar a toda la ciudadanía el derecho a proponer y decidir sobre el diseño concreto de los programas de empleo en su distrito o comunidad, programas que atenderían necesidades, insistimos, no cubiertas.

¿Cuál son las ventajas del  Programas de Trabajo Garantizado sobre otros programas de empleo y desarrollo local?

Los Programas locales de Trabajo Garantizado no crean distorsiones en las dinámicas de la economía local. Ni tampoco convierten el empleo en un recurso asistencial y puntual que termina dejando, de nuevo, a la persona beneficiaria a su suerte en el mercado.  Al contrario, se integran dentro de las mismas contribuyendo a la creación de riqueza y empleo con ventajas sobre las políticas tradicionales de desarrollo local, ya que:

  • Promueven la actividad en sectores de la economía local donde más trabajo hay y sin embargo donde menos empleo decente y suficiente se crea. Hablamos de la Economía de los cuidados, del cuidado del planeta y del cuidado de las personas, y de la cultura, entre otros.
  • Aumentan el nivel de cualificación de las población activa ya que las personas con derecho a EG estarían en mejores condiciones de obtener un certificado de profesionalidad lo que las acredita para moverse decentemente en el mercado de trabajo. Esto es especialmente importante para Málaga donde el 70% de la población solo tiene estudios primarios o secundarios finalizados.
  • Fomentan la innovación y el emprendimiento social: el Trabajo Garantizado no compite con el sector público ni con el privado ya que llega allí donde no éstos no llegan por lo que estimula las iniciativas socialmente emprendedoras que nacen de la comunidad.

Desde Málaga para la Gente queremos impulsar un Programa Local de Trabajo Garantizado que actúe como estímulo sobre el conjunto de las políticas de desarrollo local con una clara orientación hacia las personas, hacia sus derechos y hacia la satisfacción de sus necesidades.

Creemos que como propuesta económica, el Trabajo Garantizado sitúa la rentabilidad social y ambiental al mismo nivel que la rentabilidad económica y que puede frenar la extensión de los criterios neoliberales basados en el pensamiento único de la “rentabilidad del mercado” que mueven las actuales políticas de desarrollo local. Son estos criterios los que están dibujando el panorama de presente y de futuro nada alentador para el empleo en la ciudad de Málaga, donde el paro empieza  a ser crónico para las personas mayores de 40 años, donde  desde el Ayuntamiento se alienta a la precariedad en la contratación -recordemos  los contratos a 3.95 euros/hora  de los vigilantes de los Museos, Ruso y Pompidou, o donde las organizaciones empresariales reconocen su incapacidad para crear las  más de 15 mil empresas con una media de cuatro trabajadores/as que serían necesarias  para que el paro descendiese del 20% .

Por ello en nuestro voto del próximo 24 de mayo se encuentra una decisión mucho más trascendente que la de solo cambiar de color político el Ayuntamiento como es la de obligar, por Derecho, a que el Estado cuide de todos y todas y no solo del “mercado de unos pocos”.

Urbanismo del cuidado

Hace unas semanas, Pepe Asenjo, histórico líder de los socialistas andaluces y una de las mentes más lúcidas que alberga el, a veces, páramo de la política local, me invitó a participar en un Foro de Expertos/as en Urbanismo (integrado por arquitectos/as relevantes y grandes urbanistas de la ciudad) y a aportar mis ideas para repensar el Urbanismo Socialdemócrata del S.XXI.

Aquí os dejo mi modesta contribución.

El urbanismo de la socialdemocracia  del S. XXI entiende la comunidad como un proyecto colaborativo abierto. Lo que tenemos en común: valores, costumbres, ideas, modos, etc., no son la condición de posibilidad de la comunidad, sino su resultado. En ese sentido, considera que lo común se genera colectivamente, porque el espacio común—público en el sentido más amplio del término (y no sólo de posesión del Estado)—también se genera colectivamente y porque las formas y los  modelos de convivencia los vamos modelando entre todas las personas que compartimos un lugar en un momento dado.

La participación política, la gobernanza de los asuntos públicos debe reclamar la participación del otro. (Incluso el individualismo demanda la participación del otro desde el respeto como forma de reconocer esa misma individualidad como tal).

La generación de lo común, de ese conjunto de bienes tangibles e intangibles cuyo beneficio es colectivo, se hace posible desde el cuidado y toda forma de cuidado presupone el reconocimiento del otro.

Entendemos el cuidado como una suerte de “valor primario” y una exigencia existencial, en tanto que requerimos del cuidado para subsistir y para existir. Por lo tanto, es el cuidado lo que hace posible la generación de ese universo de valores y hábitos que compartimos y el cuidado es, en sí mismo, una forma de implicarnos activamente en lo que nos afecta.

Vivimos un tiempo en el que los ciudadanos han dado la espalda a  las políticas urbanas basadas en proyectos estrella. La austeridad y la contracción del gasto público ineludiblemente nos llevan a reconsiderar esta política del proyecto “estrella” y, por tanto, a apostar por una acción que propicie un nuevo modelo de política para la ciudad, donde prima la innovación y la responsabilidad social con el territorio y con las personas.

Es necesario establecer redes de cuidado que permitan, antes que dedicar esfuerzos al proyecto estrella, atender a las necesidades cercanas. Debemos dar respuesta a problemas concretos en contextos específicos, en virtud de nuestras capacidades y valores.

Un “urbanismo del cuidado” entendido como un urbanismo de impacto en la política social, busca  las respuesta a los asuntos que, cotidianamente, marcan el presente de la ciudad. Por lo tanto tiene que:

  • Responder al desafío que supone  la falta de vivienda, no solo en cuanto a su acceso sino también al espectro de  situaciones que califica el desamparo, incluido el desahucio (derivado de la crisis hipotecaria).
  • Constituir espacios  para “formalizar la economía informal” y para las nuevas formas de asociación empresarial y de microempresas: desde la “dignificación” de la venta ambulante hasta los “hubs”. El urbanismo debe responder a la idea de ágora como marco de cuidado y de interacción económica y social.
  • Fomentar los espacios públicos que pongan en valor la diversidad: inmigrantes y etnias y la cultura del “barrio” como marcadores de una socialización en valores de pertenencia y de cuidado.
  • Ayudar a los ayuntamientos a  identificar  las necesidades de la comunidad y la dimensión real de su alcance político y social.
  • Implementar estrategias de “revitalización de la comunidad”, transformando solares abandonados en huertos urbanos, la calles y los barrios abandonados, las aceras y los parques en espacios para las artes integradas en el patrimonio de la comunidad.
  • Articular una amplia gama de actividades comunitarias de desarrollo económico que incluyen alojamiento, empleo y servicios sociales.
  • Y por encima de todo, evitar las visiones cortoplacistas y especulativas sobre el mercado de la vivienda, y apostar por estrategias a largo plazo para satisfacer las necesidades prioritarias que impulsan una cultura de la “vivienda justa” que elimina las barreras “socioeconómicas” que condicionan la elección particular de vivir en el barrio o municipio donde se decide “Convivir y vivir”.

Más RSE es Más Negociación Colectiva, más igualdad

La Responsabilidad Social de las empresas (RSE) es un paradigma de competitividad  empresarial que busca la creación de valor sostenible para las personas y el planeta. Por lo tanto, supone la integración de compromisos mesurables para evitar que las acciones de la empresa tengan un impacto negativo en la sociedad y su entorno.

Desde la publicación del “Libro Verde para la RSE” en 2001 por la Comisión europea, los estados miembros de la UE han realizado avances con mayor o menor acierto en la promoción de este concepto. España también ha aportado iniciativas al respecto, algunas de gran calado institucional como ha sido la constitución del Consejo Estatal de la RSE y otras de relativa trascendencia política y económica, como ha sido su incorporación como línea de actuación a desarrollar en el marco del Diálogo Social.

Sin embargo, la trasferencia de lo que en principio son compromisos voluntarios en RSE a la negociación colectiva y, por tanto, su transformación en compromisos de obligado cumplimiento legal, sigue siendo un proceso difuminado por las complejas relaciones de nuestro mercado laboral, hoy fuertemente sacudido por la crisis y por el escepticismo de una parte de la ciudadanía, el optimismo de los empresarios y el pesimismo de los sindicatos ante la reciente reforma laboral.

La reforma ha provocado además un debate peligroso para éste ya peligroso escenario de crisis económica en el que nos encontramos, con el que se pretende cuestionar la representatividad legítima de los sindicatos como necesarios interlocutores y negociadores de las relaciones laborales. Un debate útil para aquellos que relegan el problema de la competitividad española a los costes de producción, energéticos y salariales, pero de riesgo para un país como el nuestro que así parece avanzar en la Estrategia 2020 europea hacia estándares de modelos productivos y sociales más propios de China que de Noruega o Suecia.

Con todo, una empresa socialmente responsable mantendrá, por principio, el  diálogo con sus trabajadores/as, básicamente porque querrá mantener un clima laboral favorable que repercuta en la productividad de sus empleados y empleadas para mejorar así su competitividad. Se supone que evitará eso que el Nobel de Economía Gary Becker denominaba “Gusto por la Discriminación” con el fin de retener el talento, de contar con los y las mejores y de proveerles de la formación necesaria para mantener indicadores altos de innovación.

Desgraciadamente todavía seguimos esperando a que esta lógica empresarial rompa con los estereotipos culturales sobre los roles de género y fomente la incorporación y promoción de las mujeres en la empresa.

Las mujeres, que entre otros records ostentamos el de ser más del 50% del total de  egresados universitarios en España, no podemos seguir soportando brechas salariales de entre el 15 y el 20% en nuestro país. No solo no es competitivo ni  serio, sino que por encima de todo no es justo.

La RSE puede fortalecer la negociación colectiva siempre que los compromisos voluntarios se transformen en derechos exigibles, aunque la norma, por si misma, tampoco acabe con las discriminaciones en materia de Igualdad. Por ejemplo, en el ámbito de la conciliación familiar y laboral, y a pesar de los avances legislativos en España, sigue siendo necesario fomentar entre el personal masculino el uso de los permisos por cuidados, que mayoritariamente siguen siendo solicitados por mujeres.

La tendencia por la racionalización de los horarios laborales hacia estándares Europeos, donde el sector público puede ejercer un papel protagónico para su implementación, es otro ámbito donde los sindicatos, vía negociación colectiva, pueden aportar propuestas viables para conciliar las necesidades ciudadanas y  empresariales con los derechos consolidados del funcionariado.

Para solucionar éste y otros problemas sociales  las empresas no pueden permitirse desperdiciar  el conocimiento y la experiencia sindical en materia de relaciones y diálogo laboral.

El reto de los sindicatos para asentar su contribución a la mejora de la competitividad de nuestro país es seguir demostrando que son agentes insustituibles en cualquier proceso de innovación abierta donde el diálogo es eje vertebrador de una mejora en los procesos productivos y de gestión. Innovaciones  encaminadas obviamente a la mejora económica pero que, desde el enfoque RSE, necesariamente tienen que contribuir a una mejora de la igualdad y repercutir en una distribución justa de responsabilidades y retribuciones en la sociedad.

Sin duda un reto compartido como todo acto de Responsabilidad Social.

Ana Gómez Narváez

Es Economista y  Directora de ADRO–Asociación para la Dirección Responsable de las Organizaciones.

 

 

Austeridad Responsable

El traspaso de poderes allí donde gobernaba el PSOE  y donde gobernará el Partido Popular tras ganar las elecciones del 22M está convirtiéndose en un espectáculo lamentable que demuestra, una vez más, que lo que puede ser bueno para un partido no tiene por qué serlo para el país.

Unos y otros andan enzarzados en una polémica alrededor de las cuentas públicas de las CC AA que desde luego no contribuye a reforzar la necesaria confianza en nuestro país que exigen los mercados.Tampoco la actitud crítica, casi alarmista, del Partido Popular sobre el asunto parece contrarrestar la desesperanza en la que viven miles de españoles  que buscan en estos momentos un empleo.Al contrario, parece contribuir a acelerar el malestar social hacia el Gobierno que se siente en las calles.

El rédito de ese malestar puede ser bueno para la cuenta electoral del Partido Popular pero no para el balance de su probable Gobierno.Porque como partido líder, el PP tiene una responsabilidad  en este asunto, que trasciende la simple “auditoría de cuentas” y que consiste,en primer lugar, en desvelar la forma en la que va  a gestionar la  “cuenta de expectativas” de la que millones de españoles les ha hecho titulares.

Quiero confiar en que  Rajoy y su equipo sabrán retomar las riendas de una situación que siguiendo esa visión alarmista que parece haberse instalado en el imaginario colectivo, puede desembocar en conflicto político y social.

El  PP debe y puede hacerlo.Tiene gente en sus equipos conscientes de que tan duro es gobernar las expectativas como gobernar la desesperanza.

El debate sobre la crisis y el déficit público tiene un diccionario propio que incluye términos como recortes, austeridad, despilfarro, ajustes, reducción, deuda…y que  sobrevuelan  en acertada  o desacertada combinanción sobre los derechos sociales como un buitre al acecho del moribundo. Y esta es una  imagen que dirige la mirada del espectador  hacia el afectado y  el “aprovechado” pero no al responsable.

Si la crisis es un proceso económico al que los mercados parecen delegarse,casi en exclusiva, en la intervención del estado,la actual debacle de los partidos europeos en el gobierno no puede explicarse sin tener  en cuenta su gestión de la misma,es decir, sin atender al conjunto de decisiones adoptadas sobre la distribución de los costes que ha provocado y que sufren una mayoría de los ciudadanos.

Sucede,por tanto,que los Gobernantes de la salida de la crisis siguen enfrentados a un problema de reparto de pérdidas en lugar de a un ejercicio de austeridad responsable con los ciudadanos. Tienen sobre la mesa de sus despachos una tijera gigantesca,un mapa social de Europa y una campaña de marketing para convencernos de la insostenibilidad de las cuentas públicas,el despilfarro de los Servicios Públicos, de la viabilidad de la bajada de impuestos o … de todo lo contrario.

De esta mesa de decisiones saldrá el corte del traje con el que España y el resto de Europa vestirán su futuro.